Tres artículos publicados en Interpelarmente recorren la educación y la salud mental para pensar una misma tensión: la distancia entre los derechos reconocidos, los imaginarios que atraviesan a las instituciones y las condiciones concretas necesarias para garantizarlos.

Interpelarmente, la Revista de Psicología Institucional y Organizacional de la Facultad de Psicología de la Atlántida, propone desde sus distintos números una lectura de las instituciones que parte de las experiencias y prácticas concretas para interrogar aquello que muchas veces aparece naturalizado.

En esta nueva entrega seleccionamos tres artículos que permiten construir un diálogo alrededor de una pregunta común: ¿qué ocurre cuando aquello que se reconoce como un derecho debe hacerse efectivo en una institución concreta?

La educación y la salud mental funcionan como escenarios diferentes para abordar esa tensión. Los textos ponen el foco en los imaginarios construidos alrededor de lo público y lo privado, en la distancia entre las normas y su implementación y en las prácticas institucionales capaces de transformar esas condiciones. Tres perspectivas que permiten pasar de lo que las instituciones deberían garantizar a preguntarse cómo esos derechos se materializan en la experiencia cotidiana.

Educación pública y privada: revisar los imaginarios que organizan la mirada

En “¿Quién financia el derecho a la educación? Imaginarios sociales sobre la educación privada”, publicado en el primer número de Interpelarmente, Noelia Belén Golart, Jesabel Nicole Guenchal y Mailen Anaquel Palthengui parten de los imaginarios sociales construidos alrededor de las universidades públicas y privadas.

Las autoras recuperan su propia experiencia como estudiantes de psicología de una universidad privada que realizan prácticas profesionales supervisadas en instituciones públicas para interrogar algunas asociaciones instaladas: que estudiar en una institución privada supone necesariamente una posición de privilegio, que existen mayores facilidades para obtener un título o que las diferencias entre ambos sistemas pueden explicarse únicamente a partir de quién los financia.

El artículo propone complejizar esa división. Lo público y lo privado no aparecen como dos universos completamente separados, sino como espacios que se relacionan y se atraviesan. Las instituciones intervienen en la construcción de significaciones y, al mismo tiempo, son transformadas por los sujetos que las habitan.

La dimensión territorial también introduce otros interrogantes. En contextos donde la oferta universitaria pública se encuentra alejada de los lugares de residencia, una institución privada puede convertirse en una posibilidad concreta de acceder a estudios superiores. El debate deja entonces de limitarse a una oposición entre modelos de gestión para incorporar las condiciones materiales de acceso, el financiamiento y el derecho a la educación.

Leé la nota completa en Interpelarmente I

Salud mental: cuando una ley necesita instituciones que la hagan posible

La distancia entre aquello que se reconoce formalmente y las condiciones necesarias para garantizarlo reaparece en el segundo número de la revista. En “¿La Ley de Salud Mental cumple su promesa? Una mirada crítica desde una perspectiva de género e institucional”, Ana Paula Díaz y Mariana Erramuspe analizan la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.

La normativa propuso una transformación profunda del modelo de atención a partir de los derechos humanos, la atención comunitaria, la desmanicomialización y el trabajo interdisciplinario. Sin embargo, las autoras advierten que la existencia de ese marco legal no garantiza por sí misma su cumplimiento.

La falta de recursos edilicios y materiales, de personal capacitado, de dispositivos de atención comunitaria y de políticas públicas sostenidas puede producir una distancia entre los derechos reconocidos y las posibilidades concretas de ejercerlos. El problema, desde esta perspectiva, no reside únicamente en la ley sino también en las condiciones institucionales necesarias para llevarla a la práctica.

El análisis incorpora además una perspectiva de género. Cuando las redes institucionales de acompañamiento resultan insuficientes, una parte de las tareas de cuidado vuelve a recaer sobre las familias y especialmente sobre las mujeres. La desigualdad aparece así no solamente en el acceso a la atención sino también en la distribución de las responsabilidades que surgen cuando el sistema no consigue responder.

Desde la psicología institucional, las autoras plantean la necesidad de observar tanto el marco normativo como las prácticas que persisten dentro de las instituciones. Una transformación legal puede abrir nuevas posibilidades, pero requiere recursos, equipos interdisciplinarios y voluntad política para modificar formas de intervención arraigadas.

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Cuando lo público también desafía sus propios prejuicios

El tercer número incorpora otra perspectiva sobre el mismo problema. En “La salud mental pública sí funciona”, Agustín Santillán recupera una experiencia de trabajo de campo realizada por estudiantes de Psicología en un hospital público de Mar del Plata.

El punto de partida es una pregunta que pone en discusión un imaginario extendido: ¿es posible sostener una atención de calidad en el sistema público cuando existen limitaciones de recursos?

El recorrido por la institución muestra una realidad más compleja. El artículo describe el funcionamiento de distintos dispositivos y destaca especialmente un modelo que prioriza la externación y busca evitar que el encierro se convierta en la respuesta predominante frente al padecimiento mental.

También recupera el trabajo de equipos numerosos e interdisciplinarios, la articulación con organizaciones sociales y centros culturales y las prácticas comunitarias que acompañan la atención. Desde compartir un mate hasta participar de talleres o reconstruir redes, la salud mental aparece vinculada con formas de hospitalidad, reconocimiento y pertenencia que exceden el consultorio.

La comparación con el ámbito privado permite al autor cuestionar la idea de que una mayor disponibilidad de recursos produce automáticamente una respuesta institucional más integral. Al mismo tiempo, el artículo no desconoce los problemas del sistema público: señala la escasez de profesionales y advierte sobre las dificultades que ya atraviesa la implementación de la legislación vigente.

La experiencia permite observar, finalmente, aquello que los otros dos artículos también ponen en discusión: una institución no se define solamente por su normativa, su forma de financiamiento o los recursos con los que cuenta. También se construye a partir de los vínculos, las prácticas y las decisiones de quienes la habitan.

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Entre lo instituido y lo que todavía puede transformarse

Los tres artículos recorren problemas diferentes, pero convergen en una pregunta profundamente institucional. Reconocer un derecho es indispensable, aunque entre ese reconocimiento y su ejercicio existe un territorio atravesado por recursos, prácticas, relaciones, representaciones y decisiones.

La educación permite revisar las fronteras que solemos establecer entre lo público y lo privado. La salud mental muestra tanto las dificultades para convertir una transformación normativa en prácticas efectivas como las experiencias institucionales capaces de cuestionar prejuicios y construir otras respuestas.

Esa mirada atraviesa los tres números de Interpelarmente: observar las instituciones no como estructuras cerradas sino como espacios en movimiento, habitados por sujetos que reproducen sentidos pero que también pueden interrogarlos y transformarlos.

En ese recorrido, las producciones de estudiantes de la nuestra Facultad de Psicología convierten la experiencia académica y profesional en una oportunidad para mirar aquello que parece dado, formular nuevas preguntas y pensar qué instituciones estamos construyendo cuando los derechos dejan de ser solamente una declaración y tienen que hacerse presentes en la vida cotidiana.